CAROLINA PIZARRO
Más de 200 páginas tiene el documento de acuerdo sellado el pasado 17 de enero entre SQM y Corfo. El pacto contempla plazos, exigencias y cláusulas de término del contrato desconocidos hasta ahora.
El pasado miércoles, Corfo y SQM firmaron en presencia del árbitro Héctor Humeres el acuerdo que puso término a un conflicto que se extendía por casi cinco años. Se trata de un documento de más de 200 páginas, al cual accedió Negocios Domingo de La Tercera, que en conjunto suman los nuevos contratos de Arrendamiento de Pertenencias Mineras OMA y el contrato del Proyecto, como se le denomina al compromiso que se pactó entre las partes para explotar el Salar de Atacama.
Aquí están los detalles y los puntos más relevantes de este acuerdo que regirá hasta 2030 la relación entre Corfo y la minera no metálica.
La minera podrá acceder a una cuota adicional de explotación que, en total, hacia el año 2030, podrá llegar a los 2,2 millones de toneladas de litio equivalente. Ello, a través de expansiones detalladas en el contrato denominado “Proyecto” y que la Corfo cifró en unos US$ 1.000 millones.
La primera fase de expansión, si la firma cumple con los requisitos estipulados en el acuerdo, podrá acceder a una cuota adicional de 185.767 toneladas de carbonato litio equivalente. Para eso, SQM se compromete a realizar la primera expansión, que contempla la construcción de una nueva planta de 50.000 toneladas de litio equivalente, que en su totalidad debería estar operativa a más tardar hacia el año 2025. Para acceder a ella, la compañía informará “por escrito” al organismo estatal sobre las inversiones adicionales que permiten las expansiones, “debiendo Corfo pronunciarse por escrito dentro de los 30 días hábiles siguientes respecto de la formalización de la cuota adicional”, indica el documento, según se detalla en la cláusula número 11.
Pero pese a esos plazos, la compañía “se obliga a realizar sus mejores esfuerzos para que la expansión uno esté construida y en operación al cuarto aniversario” del nuevo contrato, es decir, el año 2021. Si eso no ocurre, SQM deberá presentarle al organismo estatal “un informe de estado de avance y un plan detallado para el término de la construcción y expansión de dicho proyecto, que deberá acreditar que la instalación entrará en funcionamiento antes del quinto aniversario”, detalla el texto.
Añade que dicha expansión podrá ser realizada en tramos, cada una con una capacidad mayor o igual de 25 mil toneladas de litio equivalente. “Y el segundo de estos tramos deberá estar construido y en operación a más tardar al séptimo aniversario”, recalca el acuerdo.
Si eso no ocurre, “la nueva cuota se reducirá o limitará proporcionalmente para asegurar la producción de la capacidad instalada y/o plantas existentes y en operación”. Añade el texto que esta decisión es “sin perjuicio de la vigencia del remanente de la cuota original”, la que asciende a aproximadamente 64.816 toneladas de litio equivalente. Este remanente, en tanto y según indica el contrato, “sólo se podrá comenzar a producir y vender a partir del 1 de enero del año 2024”.
Adicionalmente, la compañía puede acceder a una cuota llamada de “eficiencia”, que asciende a 51.063 toneladas de litio equivalente, la que se otorgará “en la medida en que se ejecuten inversiones que permitan futuras expansiones de producción por cambios tecnológicos e innovaciones que permitan incrementos de eficiencia en el aprovechamiento de litio en la salmuera extraída”, detalla el documento.
Pero Corfo también cumple un rol en esta fase. En la cláusula 27 del contrato de arrendamiento se indica que el organismo “cooperará de buena fe” con SQM para desarrollar el proyecto de expansión. Una forma es otorgando la documentación que la minera solicite. Y otra es “dentro del ámbito de sus facultades, Corfo llevará a cabo ante organismos gubernamentales las gestiones que correspondan” para la iniciativa.
Una de las novedades del acuerdo es que SQM deberá traspasarle todos los activos y bienes afines que la minera tiene en el Salar de Atacama a Corfo cuando termine el contrato, es decir, el año 2030. Según detalla la cláusula 13, letra “a” del contrato del proyecto, “la sociedad deberá restituir a Corfo todos aquellos bienes muebles e inmuebles que ésta entregó a la sociedad en virtud del contrato, en un plazo de tres meses contado desde el término o disolución”.
A lo anterior se suma que dentro de los últimos seis meses de la vigencia del contrato o el semestre posterior al término del nuevo pacto la entidad estatal tendrá la opción de compra “irrevocable de todo o parte de los derechos de aprovechamiento de aguas de SQM”. Así, el precio será el que convengan las partes, y si dicho acuerdo no fuera posible, el valor será designado por un tasador independiente e internacionalmente reconocido, designado por ambas partes. Si no hay consenso en 10 días hábiles, ese rol lo ejecutará un tribunal arbitral.
Un tercer punto dice que la sociedad y sus partes deberán transferir a Corfo “a título gratuito la totalidad de las servidumbres, sean estas mineras u otras de cualquier naturaleza, que beneficien a las pertenencias y/o el proyecto, cualquiera sea la ubicación”. Además, establecieron que la sociedad deberá transferir al organismo estatal o a quien Corfo designe y de forma gratuita “la titularidad de todos los permisos ambientales, tales como RCA, y que se encuentren vigentes” en la época de término del contrato.
Y uno de los puntos importantes es lo que señala el ítem “d”. “La sociedad confiere a Corfo una opción de compra irrevocable para adquirir todo o una parte de los activos que la sociedad utiliza como instalaciones productivas en las pertenencias, para la exploración, monitoreo, explotación e instalaciones de producción asociadas”. Por tanto, todos los activos deberán ser inventariados antes del término de la vigencia.
Asimismo, para los efectos de determinar el valor de aquellos bienes que no sean terrenos, éste será el equivalente al valor de reemplazo, considerando su depreciación económica. Y dejan establecido que “en ningún caso se valorarán estos activos como activos esenciales de la empresa en marcha”.
Pero las exigencias van más allá. En el artículo décimo del contrato de arrendamiento, punto tres, se indica que la entidad “tendrá el derecho de exigir el pago de la renta de los productos elaborados del material extraído a esa fecha, pendientes de enajenación y que se encuentren fuera de las pertenencias, lo que deberá ser informado debidamente a Corfo”.
Nueve son los puntos que podrían provocar el término anticipado del contrato, acto que se ejecutaría “sin derecho a indemnización o compensación alguna para las sociedades”, detallan ambos contratos. Entre ellas destaca el abandono voluntario de la sociedad “de las faenas relacionadas con este contrato y el contrato de arrendamiento, el que se entenderá producido en caso de que se suspendan las operaciones por un plazo superior a dos años”.
Otro caso es la insolvencia de la sociedad; la mora o simple retardo en el pago de la renta por dos periodos consecutivos, o si la minera no metálica llegase a pagar la renta con retraso de cinco veces en un periodo de dos años calendario. A esto se suma la celebración de cualquier acto jurídico o la constitución de cualquier gravamen, sin previo consentimiento expreso, específico y por escrito de Corfo sobre los bienes aportados, transferidos o entregados en el arrendamiento.
También se suma la aplicación de cualquier sanción a la firma en un procedimiento sancionatorio ambiental, incluyéndose el ejercicio de todo recurso judicial que proceda en su contra, relevante y que sea por causa de daño ambiental grave acreditado y que no pueda ser mitigado, detallan los nuevos acuerdos.
Una serie de resguardos estipuló el organismo estatal para velar que la administración de SQM, hoy en manos de Patricio de Solminihac, actual gerente general y ejecutivo histórico de la compañía, sea transparente. En el anexo cinco, letra “c”, del contrato de arrendamiento, las partes pactaron que a SQM se le “obliga a informar a Corfo en cuanto tome conocimiento de cualquier contrato de maquila, joint venture, acuerdo de off-take y cualquier otro tipo de asociación con terceros no relacionados que digan relación con cualquiera de los productos a que se refiere este contrato, extraído de las pertenencias y que hayan sido acordados por la sociedad o sus partes relacionadas”. Toda esta información deberá ser entregada tres años más allá del plazo final de contrato, es decir, hasta 2033.
En cuanto a los dos auditores externos que la Corfo pondrá al interior de SQM, se estipula que ellos le reportarán a la estatal y al comité de directorio de SQM sobre el cumplimiento ambiental (auditor ambiental) y del contrato propiamente tal (auditor contractual). Ambos, además, deberán emitir un informe anual, “sin perjuicio que, a requerimiento de Corfo, se necesite un servicio de revisión específico o un análisis de mayor profundidad que pudiera derivarse de alguna fiscalización en el transcurso del año”. Ambos auditores estarán en sus cargos por tres años y deberán mantener la confidencialidad de la información hasta cinco años adicionales al término del contrato, es decir, hasta 2035.
No sólo SQM tendrá que modificar su gobierno corporativo al salir de la cabeza del directorio Eugenio Ponce, hermano de Julio Ponce, actual controlador de la compañía y de las sociedades cascadas, sino que también su matriz: SQM Salar. En el pacto se estableció que la compañía contará con un directorio integrado por cinco directores, de los cuales dos serán independientes -quienes podrán ser o no directores independientes de SQM-, debiendo los dos directores independientes de la sociedad cumplir los requisitos antes expuestos en el contrato.
Pero, además, Corfo “podrá hacer valer ante la sociedad la falta de independencia para desempeñar el cargo de cualquiera de los directores independientes”. Y ante ese cuestionamiento, la compañía “deberá dar una respuesta formal, fundada y detallada, en un plazo de 30 días”.
En el contrato del proyecto también se estipula que es SQM la compañía que tiene que hacerse cargo de pagar las patentes de las pertenencias mineras del Salar de Atacama. En la sección de acuerdo entre las partes se estipula que la minera debe pagar las patentes del área denominada “tierra de nadie” y que es una franja de dos kilómetros que divide la operación entre SQM y Albemarle, la que tiene un acuerdo de no explotación. También la minera no metálica se compromete a seguir pagando las patentes que les corresponden a Albemarle y que son actualmente explotadas por la compañía internacional. Esto indica el acuerdo, sólo si la competidora de SQM y Corfo terminan de manera anticipada su contrato de arrendamiento de las pertenencias.
Además, Corfo establece una zona de protección denominada “anillo de protección 10”, que equivale a 10 kilómetros, y “anillo de protección dos”, donde actualmente SQM tiene pertenencias, pero está impedida de explotar. De igual manera, cancela las patentes relacionadas con esos terrenos.
De acuerdo a lo expresado en el contrato del proyecto, en el punto 26, relacionado con el “nuevo contratante u operador”, se pacta que la Corfo deberá realizar el próximo llamado a licitación pública a más tardar el 30 de julio de 2029, salvo la existencia de un evento de fuerza mayor. Sin embargo, si el atraso se produce por otro fenómeno, la entidad estatal podrá prorrogar hasta por un año la vigencia del contrato, sujeto a los permisos ambientales que correspondan.
En este punto, la entidad liderada por Eduardo Bitran se comprometió a dar todas las facilidades y a permitir el ingreso tanto a SQM como a terceros interesados en la licitación pública o procedimiento de contratación que se requiera para el normal desarrollo de tales procesos.
MINING PRESS/ENERNEWS/Diarios
Esto, pese a que en el mercado hay temor de que un alza brusca en la producción del mineral afecte los precios. Con la firma del contrato entre Corfo y SQM, esta última ganó la posibilidad de cuadruplicar su producción de litio en el salar de Atacama, consolidándose como una de las mayores productoras de litio del mundo.
Pero esta no es la única opción para crecer en que avanzará SQM, pues la firma lleva adelante proyectos en Australia y Argentina, los que le sumarían aproximadamente 65 mil toneladas de carbonato de litio a su producción en los próximos años.
Pese a que algunos pensaban que estos dos proyectos eran una especie de “plan B” que tenía la compañía en caso de no tener éxito en las negociaciones con Corfo, cercanos a la empresa aseguraron que éstos siguen en pie y que se materializarán tal cual como estaban previstos antes de que el miércoles se firmara la paz con Corfo.
Esta mayor oferta que entraría al mercado del litio con la expansión de la producción en el salar de Atacama, sumado a estos dos proyectos, es justamente lo que está leyendo el mercado, afectando la cotización en bolsa de las empresas del sector, ya que llevaría a que los valores del litio -que están cercanos a US$ 12 mil la tonelada- sufran un ajuste. Por ello, y pese al buen acuerdo alcanzado por SQM sus acciones tuvieran nuevamente en la Bolsa de Comercio de Santiago una caída. Si el miércoles los papeles bajaron 5,13%, ayer lo hicieron en 1,46%.
Esta tendencia se ha traspasado a todas las acciones expuestas al litio como Albemarle, que cayó ayer 7,33% o Nemaska Lithium, que lo hizo en 6,67%.
El acuerdo fue comentario obligado para los bancos de inversión que ponen alerta en la mayor oferta de litio. JPMorgan aseguró que la firma elimina una importante volatilidad para la acción, no olvidándose que esto le da un mayor interés para comprar el 32% de las acciones que PCS tiene en la empresa que dejará de ser controlada por Julio Ponce.
“El acuerdo hace que SQM sea más atractivo para un socio estratégico con el objetivo de que compre la participación del 32% de Potash Corp., que se puso a la venta”, dijo en un informe.
Además, el banco estadounidense aseguró que este nuevo escenario debe impulsar a los fondos de pensiones para que eliminen las restricciones a invertir en SQM.
Por su parte desde Deutsche Bank comentaron que esto es un hito para el mercado mundial del litio, ya que la mayor extracción podría crear cierta cautela por el lado de la oferta en el corto plazo. Incluso advirtieron que el mercado del litio podría tener un superavit en 2019.
Desde Citigroup indicaron que la nueva cuota asignada es mayor a la que el mercado esperaba. Eso sí, pone algo de cautela, ya que sostuvo en su reporte que las demoras de tener las aprobaciones ambientales y su posterior construcción debería aliviar un poco las preocupaciones sobre el exceso de oferta, publicó La Tercera.
Las acciones de SQM caían fuertemente a media jornada en la Bolsa de Santiago, luego que abrieran con importantes ganancias tras el acuerdo que alcanzó ayer con Corfo, el que le permitiría a la minera no metálica quintuplicar su producción.
Pasadas las 13 horas SQM-B caía 4,46% a $34.800 la acción, mientras que las sociedades Cascada Oro Blanco cotizaba con una leve alza de 0,06%, mientras que Norte Grande caía 0,04%.
Durante la tarde de ayer, SQM y Corfo pusieron fin a más de tres años de conflicto por el contrato de arrendamiento en el Salar de Atacama, firmando un acuerdo que culminó con la pérdida del control de Julio Ponce en SQM al menos hasta 2030.
El acuerdo incluye la entrega de un pago extraordinario de US$20,3 millones a Corfo, más una modificación sustantivo al contrato de arriendo. Éste incluye un aumento en el pago que SQM deberá entregar al Estado, cambios en la gobernanza de la minera, más un incremento sustantivo en la producción de litio.
En concreto, el trato implica la posibilidad de que SQM quintuplique su producción de litio en el Salar de Atacama, pasando de tener una cuota de 65 mil toneladas de litio equivalente a unas 350 mil, según Pulso.
“No se resguardó el interés de Chile de enfrentar y terminar con la corrupción”, afirmó el diputado comunista Daniel Núñez respecto del acuerdo que el pasado miércoles alcanzó la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y SQM, encabezada por Patricio de Solminihac.
Luego de casi cuatro años de negociaciones a cargo del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago, las que partes firmaron modificaciones en los contratos de arrendamiento y proyectos en el Salar de Atacama.
Esto, luego de las diferencias entre ambas entidades, donde Corfo acusó a la compañía de incumplimiento de contrato. El acuerdo exige que la minera cambie su estructura de gobierno corporativo, sacando del control de la empresa a Julio Ponce, y permite la explotación de litio hasta el 2030.
Del mismo modo, incluye la entrega de un pago extraordinario, por parte de la minera, de 20,3 millones de dólares a Corfo y aumenta la cuota de extracción a un total de 350 mil toneladas, lo que podría quintuplicar la actual producción de SQM en el Salar.
Eduardo Bitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, valoró el trato y destacó que permitirá “asegurar amplios recursos para el Estado, las regiones, las municipalidades y las comunidades”. Mientras que María Eugenia Manaud, presidenta del Consejo de Defensa del Estado, indicó que “el acuerdo logrado es más amplio que el resultado esperable en el juicio arbitral y ofrece a Corfo mayores posibilidades de control y fiscalización de la ejecución del contrato”.
Sin embargo, para el parlamentario del Partido Comunista el acuerdo sepulta la creación de una empresa estatal del litio, que “invierta en innovación y otorgue valor agregado al mineral”.
“El litio es propiedad estatal. Lo brutal es que se hizo un contrato para entregarlo a empresas privadas y, ahora, cuando tenemos la posibilidad de romper con eso, porque estaban todos los argumentos para terminar un acuerdo que había sido utilizado de forma fraudulenta por SQM, se dan vuelta la chaqueta. Esto trae graves consecuencias respecto de la posibilidad de generar una industrialización del litio por parte del Estado”, sostuvo.
El parlamentario criticó la decisión adoptada por Eduardo Bitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, y manifestó que con esto se legitima la corrupción, dado que SQM es uno de los principales acusados de financiamiento ilegal a la política. “Este acuerdo es una vergüenza. Al extender la cuota de extracción, se le está permitiendo a una empresa involucrada en casos de corrupción ganar millones de dólares”.
Esteban Velásquez, ex alcalde de Calama y actual diputado electo por la zona, comentó que lo pactado va en contra de lo que se ha zanjado en los cabildos regionales, donde se exigía un proceso de recuperación del agua, el litio y el royalty del cobre.
“No era necesario este apuro, porque había una clara falta en los cumplimientos por parte de SQM. Nosotros exigimos que no le sigan regalando a Ponce Lerou y a una transnacional el litio. Acá hay una falta de sentido estratégico evidente, yo sospecho de tráfico de influencia y un arreglo grotesco”, advirtió.
Para este viernes a las 12 del día se ha convocado a una manifestación en contra del acuerdo, en Agustinas con Matías Cousiño, centro de Santiago.
Aproximadamente una semana antes que fuese firmada la conciliación del proceso arbitral entre Corfo y la minera ligada a Julio Ponce, SQM, esta última ingresó una solicitud a la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) para elevar su cuota de extracción en el Salar de Atacama. La petición, será revisada por primera vez por el consejo de la institución a fines de enero.
Todo esto, gracias a que el miércoles Corfo entregó su autorización para que SQM aumente la producción y comercialización de productos de litio derivados de la explotación de los recursos del Salar de Atacama. Lo anterior, previo pago de US$20,3 millones a la entidad gubernamental y un alza en las rentas del salar, entre otras condiciones para poner fin al conflicto entre las partes. Con ello, SQM podrá disponer de hasta 349.553 toneladas de litio metálico equivalente, adicionales al remanente aproximado de 64.816 toneladas de litio metálico equivalentes de las toneladas autorizadas originalmente.
Sin embargo, previo a ello debe contar con la autorización previa de la Cchen y, posteriormente, de Contraloría.
La movida de SQM para acelerar la obtención del permiso no es extraña considerando que el 9 de enero había informado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a través de un hecho esencial reservado, que el día anterior había alcanzado un preacuerdo con el organismo dirigido por Eduardo Bitran para dar término a los arbitrajes iniciados por divergencias en el contrato de arrandamiento. En dicho preacuerdo se incluyeron básicamente todos los puntos del acuerdo definitivo. entre ellos, la futuro cuota de extracción.
“No he visto la solicitud, pero me llegó una solicitud la semana pasada de SQM, y el consejo es a final de mes; entonces tengo que recopilar los antecedentes, enviárselo a los consejeros, (pero) yo voy a llevar los antecedentes al Consejo de enero”, comentó el director ejecutivo de la Cchen, Patricio Aguilera. “No puedo decir cuánto demorará, pero (la tramitación) debería ser rápida porque tenemos todos los antecedentes desde antes, los estudios de reservas, varia información previa”.
En este sentido indicó que la Cchen ha estado trabajando en uniformar los permisos que se le piden a los solicitantes, lo que permitiría acelerar este tipo de procesos. “En el último tiempo hemos tratado de establecer ciertos criterios que se apliquen a todos, es decir, no hay un criterio único para un tipo de solicitante, se han ido estableciendo criterios que se aplican a la industria no a un caso en particular”, indicó.
En el caso de Albemarle, el proceso ante la Cchen para aumentar su producción de carbonato de litio de grado batería de 44 mil a 70 mil toneladas anuales en el Salar de Atacama tomó siete meses. Codelco, en tanto, se demoró tres meses para obtener una cuota para producir 325 mil toneladas de litio en el Salar Maricunga.
Sin embargo, de acuerdo a lo que explican en la Cchen, parte de la demora en el caso de Albemarle se debió a la falta de información que había sobre el Salar de Atacama. “Hoy hay mucho más información después de esa aprobación”, dijo Aguilera, publicó Pulso.
El acuerdo entre Corfo y SQM firmado el miércoles y que dio por finalizada la disputa que se prolongó por cuatro años tendrá implicancias en el proceso de venta del 32% de la propiedad que tiene la canadiense Potash -que cambió nombre a Nutrien- en la minera nacional.
Esto, porque uno de los candidatos para adquirir esa participación, la norteamericana Albemarle, quedaría fuera de carrera tras la firma de la conciliación ante el árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM), Héctor Humeres.
Fuentes al tanto del documento señalan que se fijaron cláusulas que impiden que el grupo Pampa -ligado a Julio Ponce- como la propia SQM, mantengan relaciones comerciales o firmen acuerdos de operación conjunta con otras compañías que operen en propiedades de Corfo en el salar de Atacama, siendo Albemarle la otra que extrae litio desde esta zona.
Conocedores indican que Corfo no aprobaba que la norteamericana ingresara a la propiedad de SQM, dado el nivel de concentración en la producción de litio que alcanzaría, aunque sabían que no podían impedir a Potash que pudiera disponer de sus acciones libremente.
Por esto, se establecieron mecanismos que hacen más complicada cualquier arremetida de Albemarle por SQM. Además, otras fuentes indican que si bien PCS no firma el acuerdo, sí lo conoció y a través de sus abogados fueron activos partícipes en el acuerdo sellado entre Corfo y el Grupo Pampa.
Actores de la industria señalan que el propio hecho esencial de SQM, dado a conocer en la tarde del miércoles, da luces de lo establecido en el contrato. En uno de sus puntos se indica que la minera tendrá prohibido acordar con los demás explotadores de las partencias de Corfo en el salar “formas de operar que signifiquen una operación conjunta o integrada de ambas operaciones; de manera que su operación sea siempre independiente y que no exista facilitación de información operacional”.
En caso de no cumplirse puntos del acuerdo relacionados con este aspecto o de producirse un regreso al control de SQM por parte de Julio Ponce, se generaría una multa de reclamación inmediata -descrita como penal- consistente en la pérdida de todas las utilidades registradas por la firma producto del nuevo contrato rubricado con Corfo.
Otro flanco que abrió la conciliación fue la opción de que Codelco se asocie con SQM para consolidar pertenencias mineras en el salar de Maricunga y poder desarrollar un proyecto de litio. Consultada por la opción, Codelco declinó hacer comentarios. Fuentes de la industria señalan, eso sí, que ven difícil la alternativa, ya que el proceso de la estatal está avanzado y SQM fue rechazada en la primera etapa.
Acción de la compañía acumula caída de 6,8% en dos días por mayor oferta esperada para el litio
El precio de las acciones de SQM han operado a la baja en los últimos dos días. Sus papeles que se cotizan en la Bolsa de Comercio cayeron el miércoles 5,13% y ayer hicieron lo propio en 1,76%. En los dos días acumulan una baja de 6,8% y en lo que va del año un descenso de 2,09%. Lo anterior se aleja al rally que tuvo el precio de sus papeles en 2017, que despuntaron 91,46%.
En tanto, la caída del precio de los títulos de la compañía que se transan en la Bolsa de Nueva York ha sido mucho más moderada: ayer bajó 0,89% y en el año acumula un descenso de 0,59%. La capitalización bursátil de la minera no metálica asciende a US$ 15.570,4 millones.
Francisco Soto, gerente de renta variable de Tanner Investments, explica que el precio de los papeles de SQM “cae por temores de que haya tal nivel de producción, que logre presionar el precio y con eso erosionar los niveles de rentabilidad no sólo de SQM, sino que de sus rivales”. En tanto, Rodrigo Rojas, gerente de renta variable de Toesca Asset Management, consigna que “el acuerdo con la Corfo lo veo positivo, dado que le da una nueva expansión en capacidad. No encuentro la lógica a la caída del precio de acción de SQM en estos días”. Pedro Pablo Larraín, director ejecutivo de Sartor, advierte que “el efecto más significativo de la baja de la acción de SQM se relaciona al aumento de la oferta a nivel mundial de litio. De hecho, otras empresas del sector mostraron caídas sobre 5% en EE.UU.”.
Ana Ramos, representante del Consejo de Pueblos Atacameños, reparó en el daño medio ambiental que implica la ampliación de la cuota de extracción. Explicó que hasta el momento no se conoce el estado actual del Salar de Atacama, que ha sufrido graves por las faenas de SQM.
“No hay garantías del cumplimiento medioambiental. La Corfo recién está empezando a trabajar en el modelo hidrogeológico de la cuenca del Salar de Atacama. Creo que esta era la base fundamental para que se aumentara la cuota de extracción a SQM”, sostuvo.
En noviembre del 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos contra SQM, porque entre 2013 y 2015 extrajo salmuera por sobre lo autorizado, lo cual afectó la vitalidad de los algarrobos. Del mismo modo, la compañía entregó información incompleta sobre la extracción de agua dulce, presentó planes de contingencia deficientes, contribuyó a la afectación de las variables de PH y salinidad del suelo y modificó las variables consideradas en los planes de contingencia sin la autorización pertinente.
Por otro lado, el último informe publicado por SQM reporta utilidades por 317 millones de dólares durante los primeros nueve meses del año pasado, elevando en 61 por ciento sus ganancias, publicó Diario U.
