LUCÍA SALINAS

Está a cargo de la construcción de la Usina de Río Turbio, investigada por la Justicia. La empresa entró en concurso preventivo en su país. 

La Usina Térmica de Río Turbio, considerada en la Justicia como un “emblema de la corrupción”, cumple dos años detenida. La obra debía generar 240 megavatios que se inyectarían al interconectado Nacional. La construcción nunca finalizó y la firma española Isolux Corsán entró en concurso preventivo en su país. El Gobierno analiza rescindir el contrato investigado por sobreprecios e irregularidades administrativas.

Con la rescisión del contrato del Estado con Isolux Corsán cerrará un ciclo. Isolux fue una constructora que ganó millonarios contratos durante la anterior gestión. Dentro de las obras, una de las más controvertidas fue la Usina a carbón de Río Turbio. Las irregularidades que rodean a la misma son parte de la causa en la que Julio De Vido fue procesado por administración fraudulenta y por la que se encuentra detenido.

Antes de retirarse del ministerio de Planificación Federal, De Vido solicitó que se realice un estudio de factibilidad para que la usina funcione de manera dual, incorporando una red de gas para el encendido de las turbinas y casos de emergencia. Esto representaba una erogación de $ 3.950 millones final, que incluía la reconversión de las calderas fabricadas para funcionar solo a carbón. Además iba a generar una demanda gasífera elevada, en medio de un momento energético complicado.

El Gobierno decidió que las dos calderas operen únicamente a carbón, exigiendo que YCRT produzca 112.320 toneladas mensuales para alimentar la usina. Ahora quedarían pendientes unos $ 1.000 millones para concluir la puesta en marcha de la termoeléctrica.

Este proyecto fue una de las grandes promesas energéticas de Cristina Kirchner, que sólo logró inaugurar una caldera en plena campaña, que el 30 de noviembre Isolux decidió apagar por la falta de carbón para generar los 120 MW. El desafío que queda por delante es que YCRT genere por mes más de 100.000, una cantidad a la que durante los últimos años nunca se llegó. Según la denuncia contra De Vido, la producción de carbón durante el kirchnerismo cayó en un 84%. Sus niveles de extracción volvieron a los que tenía en 1953.

El Gobierno actual analiza poner fin al contrato, según pudo confirmar a Clarín, en primer lugar porque Isolux Corsán entró en concurso de acreedores en España donde tiene su casa matriz y la situación en su sede en Argentina, no se normalizó y generó que la obra lleve dos años sin avance. Después de rescindir el contrato la obra volvería a licitarse.

La usina está bajo investigación por sobreprecio y está siendo peritada. Según el informe oficial, su valor inicial era de 957 millones de dólares, pero las once variaciones de costos con impuestos incluidos “incrementaron el 90,28 % el contrato original”. Según la SIGEN, el monto de la usina de 240 MW a la fecha es de 1.726 millones de dólares, suma que “triplica el costo internacional promedio que se estima en 2,4 millones de dólares por MW”.

A la Usina denunciada por corrupción, aún le falta un 15% de construcción, que demandará dos años más de obras. El Gobierno espera un ahorro de 500 millones de dólares en su número final, pero aún no está resuelto. “Se emitieron certificaciones de avances de obra sin respaldo y sin régimen de anticipo financiero explícitamente aprobados”. La denuncia consigna que esto es un “incumplimiento del contrato” y un “beneficio económico indebido del contratista”.

No es el único contrato que pierde Isolux. El Gobierno de la ciudad le quitó la obra del Bajo porteño y Vialidad Nacional dio de baja a la adjudicación de una ruta en Chubut.