Tras la salida de Juan José Aranguren, el gobierno argentino no define qué ocurrirá con las tarifas de gas y electricidad en lo que resta del año, porque falta medir el impacto de la crisis cambiaria en la economía y las condiciones políticas para anunciar nuevos aumentos. Las declaraciones del ministro Javier Iguacel generan reclamos empresarios, como el de las petroleras que recuerdan que tienen contratos firmados con las distribuidoras de gas que establecen nuevos precios en dólares para el producto a partir de octubre.

Iguacel produce susceptibilidades en las empresas energéticas, que esperan el cumplimiento de los compromisos del gobierno en los últimos dos años, a través de la renegociación de tarifas o las licitaciones para generación térmica y no convencional, y fijando un sendero para el precio del gas en boca de pozo,  opinó Ámbito.

El titular de Energía dice en que las próximas subas serán en septiembre (ekectricidad) y octubre (gas). Según el marco regulatorio el precio mayorista de la energía se debe fijar en mayo y noviembre de cada año, con revisiones trimestrales en agosto y febrero. En agosto, además debe aplicarse el ajuste por inflación en los márgenes de Edenor y Edesur.

La experiencia muestra que no tiene que ser exactamente así porque el año pasado, debido a las elecciones legislativas, los aumento en las tarifas de luz y gas recién se autorizaron en diciembre. Pero ahora en las empresas crecen las dudas sobre el futuro debido, entre otras cosas, a la crisis cambiaria.

Si el precio mayorista de la energía, que rige para todo el país, se fija en setiembre, Cammesa seguirá sumando deuda con las generadoras porque desde mayo está pagando menos de lo previsto al no tener los pesos suficientes para pagar la electricidad si se consideran los precios fijados en dólares.

Ese desbalance de Cammesa no puede, por lo menos en teoría, cubrirse con más subsidios del Estado. Y por eso en las eléctricas surgen interrogantes sobre las inversiones en generación térmica ya realizadas, y en las no convencionales, como la eólica, que se deberían concretar en estos meses. En ambos casos, Cammesa se comprometió por contratos a pagar precios en dólares por períodos de 15 a 20 años.

En el caso de transportistas y distribuidoras de ambos energéticos, la revisión tarifaria integral implica el ajuste semestral por índices de inflación. Si la actualización no se cumple, el Estado debe establecer en qué plazo se hará el traslado a las tarifas, incluyendo el costo financiero por el retraso. O bien debe renegociar con el sector empresario el plan de obras comprometidas cuando se autorizó la revisión integral hasta 2021. Pero está claro que no están dispuestas a aumentar menos que la inflación, aunque Iguacel dijo lo contrario en un programa de televisión.

El precio del gas es el otro problema, prácticamente el mayor por el impacto de ese valor en el precio mayorista de la energía porque más del 60% de la generación depende del fluido. En el tema, Iguacel se declaró partidario de que las productoras de gas compitan para vender el producto a Cammesa y a las distribuidoras que después lo entregan a residenciales, comercio y parte de la industria.

La propuesta no contempla que en la Argentina falta gas para cubrir la demanda porque en pleno verano se sigue importando de Bolivia y en otoño e invierno se añaden el GNL para los buques regasificadores. Dicho de otra forma, si el gas falta, no se puede competir por volumen.

Por lo que se sabe, hasta ahora Cammesa consume gran parte del gas importado que le suministra Enarsa, la empresa estatal que se ocupa de comprar a Bolivia y contratar los barcos de GNL. La gran industria que compra el producto directamente a las petroleras, no quiere pagar el gas importado, y no sería racional que la demanda residencial y de las pymes sea la que lo adquiera (aun cuando el gas importado se termine pagando con el precio de la electricidad).

La dificultad es mayor porque las distribuidoras tienen firmados contratos con las petroleras para el gas del período octubre-marzo, con precios más altos en dólares que los actuales, porque cuando se suscribieron esos documentos se contempló la tablita ascendente de valores que había fijado Aranguren en 2016 con la resolución 212.

Cambió el titular de la cartera energética pero la Casa Rosada está atada a la política del anterior ministro y los contratos que se firmaron en 2016 y 2017. Dentro de la coalición de gobierno Cambiemos hay quienes impulsan un replanteo, como algunos referentes energéticos de la UCR, pero por ahora no son escuchados.

FP/JC/DB