Por los aumentos semestrales en los precios del gas dispuestos en la Revisión Tarifaria Integral (RTI), la empresa Camuzzi International desistió de un juicio que había iniciado en 2002 por u$s 337 millones contra la Argentina en tribunales internacionales en ocasión del congelamiento tarifario y los daños sufridos por la ley de Emergencia Pública sancionada en 2002 (Ley 25.561, que cayó el año pasado).

Anteriormente, habían culminado sus procesos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), las distribuidora Gas Natural BAN (ahora Naturgy) y Metrogas, y la transportista Transportadora de Gas del Sur (TGS), entre otras

. En suma, el sector reclamaba a la Argentina unos u$s 3500 millones, un monto que logró ahorrar el gobierno en abril de 2017 cuando puso como condición terminar en cero esos juicios a cambio de los aumentos tarifarios.

Mientras tanto, esta semana las petroleras y distribuidoras de gas deben terminar de definir las condiciones que regirán en el mercado a partir de octubre, después de que se revaliden en las dos audiencias públicas a las que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocará para principios de septiembre -una en la Ciudad de Buenos Aires y la otra en el Noroeste, con activa participación de los centros regionales-.

Tal como se viene anunciando, el porcentaje de aumento estará en torno a un 25% promedio, lejos de los incrementos superiores al 75% que corresponderían si se cumpliera con todo lo firmado el año pasado, detallò El Cronista. 

En una negociación privada que luego deben elevar a las autoridades energéticas, las distribuidoras buscan pagar menos de u$s 4 por millón de BTU, cuando el sendero que había propuesto el ex ministro Juan José Aranguren establecía que el promedio ponderado del gas estaría en u$s 5,26 por millón de BTU para el período octubre 20187 marzo 2019.

Ante tarifas dolarizadas y la imposibilidad de trasladar entera la devaluación a precios sin dañar profundamente a la clase media, se decidió romper el sendero y negociar incrementos menores, con el aval de la plana mayor del Gobierno.

. La convocatoria se dilató para que comenzara este mes, pero aún no se invitó a los integrantes y se acerca el año electoral El ajuste en las boletas de gas tiene dos componentes: el precio mayorista (en boca de pozo, un 60% de la factura sin impuestos), que es el que las distribuidoras pagan a las productoras por el fluido, y el Valor Agregado de la Distribución (VAD, el otro 40%), en el que se remunera a transportistas y distribuidoras. Éste se actualizará por la inflación mayorista, y es probable que, al igual que con la luz, se ajuste solo la mitad.

Los contratos firmados el año pasado entre petroleras y distribuidoras estaban calculados con un gas para esta época del año a u$s 4,68 por millón de BTU, a un tipo de cambio de $ 20,55 en promedio.

Eso hubiera implicado que, de traspasar todo el impacto de la devaluación, con un tipo de cambio estimado en $ 32,15 (Rofex) para octubre y el gas en u$s 5,26 por millón de BTU, el aumento debería ser de un 75%, que sería inaceptable por toda la oposición y generaría más internas en el oficialismo.

FP