Tras las múltiples críticas, el Gobierno dio marcha atrás con la compensación por la devaluación a cargo de los usuarios. Para que no vuelva a suceder, impulsa cambios que deberán pasar por el Congreso y podrían abrir la puerta a juicios millonarios

El Gobierno dio marcha atrás y frenó ayer el cobro retroactivo de la compensación por la devaluación a cargo de los usuarios residenciales y comercios en las boletas de gas y propondrá cambiar el marco regulatorio que rige desde 1992 (cuando se privatizó Gas del Estado) para que, ante un nuevo descalce del dólar y el peso no sean los hogares quienes tengan que pagar la deuda que acumulan las distribuidoras con las petroleras por la adquisición del gas.

Después de resolver que el Estado nacional se hará cargo de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) -que totalizarían unos $ 20.000 millones, según fuentes oficiales- y que no se las trasladarán directamente a los usuarios para evitar que se acrecienten los costos políticos de la Resolución 20, el secretario de Energía, Javier Iguacel, comentó anoche a periodistas acreditados en la Casa Rosada que el Gobierno buscará cambiar la Ley 24.076, sancionada en mayo de 1992 y promulgada al mes siguiente.

 Sin embargo, para lograr eso la propuesta debería lograr aval del Congreso, en un momento en que la oposición se abroqueló para evitar una suba tarifaria extra a la que ya rige desde este mes y mientras cruje la interna en Cambiemos.

 En una distribuidora comentaron a El Cronista que ven "difícil" una modificación regulatoria de ese tipo, ya que eso también implicará cambios en los contratos y abrirá la puerta a juicios millonarios por parte de los accionistas privados de productoras y distribuidoras de gas. En concreto, se necesitaría modificar el inciso C del artículo 38 de la Ley 24.076, el inciso 5 del artículo 37 del Decreto 1738 de septiembre de 1992, y el punto 9.4.2.5 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución de Gas.

 Esos artículos son los que permitían el cobro extra al final de cada semestre a los usuarios ante diferencias significativas en el tipo de cambio pactado para los contratos de adquisición y el tipo de cambio real. Nada de lo que se habló ayer tiene el carácter oficial, hasta que el Gobierno enmiende con alguna resolución a publicarse en el Boletín Oficial durante los próximos días los efectos de la Resolución 20 de la Secretaría de Energía, que encendió la polémica el viernes pasado.

Ayer fue una jornada tensa que incluyó un debate en el Senado, con críticas desde todo el arco político y un discurso de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en el que cuestionó la dolarización de las tarifas energéticas.

Marcha atrás

Tras la polémica y las presiones tanto desde la oposición como de los propios aliados en Cambiemos, el Gobierno decidió ayer al mediodía dejar sin efecto el aumento adicional de la tarifa del gas, que iban a pagar los usuarios en 24 cuotas con interés a partir de enero. En cambio, el Ejecutivo acordó con las empresas petroleras que el Estado nacional se hará cargo de pagar el retroactivo correspondiente al semestre abril- septiembre que se disparó por la abrupta devaluación del peso. La cancelación de esos $ 20.000 millones se realizaría en 24 o 30 cuotas a partir de octubre de 2019 hasta fines de 2021 o principios de 2022, comunicaron fuentes oficiales, pero "todavía se está negociando".

Aún resta conocer el mecanismo de cancelación. Podría ser a través de un bono, un instrumento que las mismas empresas productoras estaban evaluando solicitar al Estado si la compensación -ahora desestimada- que tenían que pagar los usuarios era frenada por la Justicia, como lo anticipó El Cronista en su edición de ayer.

 Viejas deudas

De esta forma, durante los próximos tres años el Estado nacional le pagará a las petroleras unos u$s 2000 millones. A la gigantesca deuda que acumuló en subsidios a la producción de gas que no abonó en todo 2017, se le sumará la compensación por la devaluación, que alteró los contratos entre productoras y distribuidoras de gas.

 Después de resolver que se hará cargo de las DDA que totalizarían en dólares más de u$s 350 millones, el Gobierno le dejará casi toda la deuda a quien lo suceda, sea una segunda administración de Cambiemos o a otra fuerza política. Lo que sí se abonará a partir de enero de 2019 es el Plan Gas, que la administración nacional no cumplió en todo 2017. El año pasado, el Gobierno ejecutó partidas para cancelar deuda en subsidios a la oferta de 2016.

 Desde el inicio del año que viene y hasta fines de junio de 2021, el Estado saldará u$s 1583,2 millones con YPF, Pan American Energy y Total Austral, entre otras.

La petrolera estatal espera recibir por el Plan Gas vencido el 31 de diciembre de 2017 u$s 792,1 millones; PAE, la principal productora privada de petróleo y gas en la Argentina, de la familia Bulgheroni, u$s 162,9 millones; la compañía francesa, u$s 159,5 millones; la alemana Wintershall, u$s 120,8 millones; Pampa Energía, de los hermanos Mindlin, u$s 91 millones; Compañía General de Combustibles, de Eduardo Eurnekian, u$s 59,3 millones; entre otras grandes compañías acreedoras del Estado.

A estas cifras habrán que agregarles los u$s 350 millones de DDA que no se les cobrarán directo a los usuarios en su boleta de gas. YPF es la principal acreedora, en un grupo en el que también se encuentran  PAE, Total, Wintershall, Tecpetrol (de Paolo Rocca), Pampa Energía y PluspetroL

El secretario de Energía hizo una jugada que lo dejó mal parado frente al resto de los ministros. Su continuidad en el Gobierno pende de un hilo

Al Gobierno se le hizo costumbre generarse sus propias crisis. Basta con repasar las principales dificultades políticas que atravesó este año: en abril fueron los radicales con sus críticas a las tarifas de los servicios públicos y recientemente Elisa Carrió amenazó con romper la alianza de Gobierno por su enojo con el ministro Germán Garavano.

A esta lista podría sumársele el "cobro revertido" del  gas que impulsó en solitario el secretario de Energía, Javier Iguacel, y que este miércoles logró unir a las alas políticas y técnicas del Gobierno con el objetivo de dar marcha atrás con una ocurrencia que amenazaba con golpear de lleno los bolsillos del principal caudal político de Cambiemos: la clase media.

Envalentonado por un pedido de las petroleras que amenazaban con retirar inversiones, Iguacel se apersonó la semana pasada en el despacho de Macri y planteó la necesidad de avanzar con un mecanismo de compensación a cargo de los usuarios en 24 cuotas. No hubo muchos detalles de cómo pensaba instrumentar semejante disparate jurídico que en pocas horas acumuló una ola de amparos en contra, una denuncia de un fiscal federal y una manifestación política de la oposición en el Congreso.

A la luz de los hechos, en el Ejecutivo tomaron nota de que era improbable que un juez blindara de validez una decisión retroactiva sobre deudas que fueron originadas y saldadas bajo otras reglas de juego, detalló Infobae.

anto en materia civil como comercial, el pago es el modo por excelencia que tiene una persona de liberarse de una obligación. Si se decidía otra cosa, la doctrina y la jurisprudencia sobre el tema hubieran entrado en jaque.

Al salir del despacho de Macri, Iguacel se fue conforme. Pensó que había sumado algunos porotos y avanzó con los equipos técnicos con la redacción de la resolución. Marcos Peña, Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio -quizás los ministros más importantes del equipo de Macri- se enteraron de la medida cuando la vieron publicada en el Boletín Oficial. No tuvieron tiempo ni siquiera de armar un plan de contingencia para amortiguar el efecto de una noticia dura, negativa. La absurda justificación de Iguacel de apuntar contra "militantes kirchneristas" por el enojo que provocó la iniciativa terminó de enfurecer a los funcionarios que no habían sido consultados sobre el tema.

Luego del daño generado –que incluyó una nueva interna con los radicales-, Macri instruyó a Frigerio para que buscara una solución al tema en las negociaciones con la oposición por la aprobación del Presupuesto 2019. En esa arena, el ministro del Interior es uno de los más hábiles y logró desactivar una bomba que amenazaba con explotar en cualquier momento.

Resuelta la crisis, en el Ejecutivo temen que la imaginación de Iguacel haya generado un daño a la golpeada imagen del gobierno nacional en medio de las turbulencias económicas. El secretario de Energía quedó aislado, casi sin aliados en el Gabinete, y su continuidad pende de un hilo.