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POLÍTICA Y MINERÍA

Mendoza: Intenso debate minero. El impacto en cifras

Editorial El Sol: Minería y polémica sin fin

MINING PRESS

Lo que sucede con la ley provincial 7.722 es una clara muestra para entender cómo se pierde calidad institucional en Mendoza.

No tiene que ver con la discusión de la  minería en sí; es sólo un ejemplo. Después, si debe debatirse el desarrollo de esa industria en la provincia es otro tema.

La cuestión se centra en que durante años se  discutió acerca de la validez y la constitucionalidad de la norma. Fue el máximo tribunal el que estableció que no tenía aspectos irregulares y que era una ley que debía respetarse.

La decisión de la Corte llegó luego de presentaciones incontables por parte de las empresas que buscan reglamentos más permisivos y controles más laxos para el desarrollo de sus emprendimientos. Y, cuando parecía que tras el fallo judicial la controversia llegaba a un punto final, nuevamente se abre una instancia  que plantea modificaciones. Una polémica que no tuvo, no tiene ni tendrá final.

Lo que se viene en Mendoza tras el encendido de los motores mineros

Todos los sectores saben que es la puja que se viene y están dispuestos a dar pelea. Justamente, esta semana, la Legislatura volvió a dar el puntapié inicial al debate. Allá, un poco lejana, la resistencia, se muestra aún latente.

El engranaje minero comenzó a funcionar. En tanto, el Gobierno, que habilitó el debate, toma cierta distancia para evitar el choque inicial, sobre todo con los ambientalistas, y más aún con un 2019 electoral por delante. Y, en este escenario, las empresas suben sus apuestas. Por eso, empiezan a trabajar sobre el terreno para que la minería pueda finalmente desarrollarse en Mendoza. Todos los sectores saben que es la puja que se viene y están dispuestos a dar pelea. Justamente, esta semana, la Legislatura volvió a dar el puntapié inicial al debate. Allá, un poco lejana, la resistencia, se muestra aún latente.

Así las cosas, a contrarreloj y con fuertes expectativas, las reuniones de las compañías interesadas están a la orden del día, a la espera de la modificación de la norma antiminera 7.722, que ya se encuentra bajo estudio en comisiones. El objetivo que persiguen está claro: que la Casa de las Leyes, paradójicamente, deje de ser vinculante en las Declaraciones de Impacto Ambiental. Es que desde que se sancionó la norma en 2007 no hubo iniciativa que pasara el filtro legislativo; de ahí la apuesta a sortear ese obstáculo, más allá de intentar también ahora suprimir las palabras "otras sustancias" en cuanto a los tóxicos prohibidos para la minería metalífera, entre los que sobresalen el cianuro y el ácido sulfúrico.

 Y en esta movida cobra fuerza uno de los proyectos "clave" que busca, de una vez por todas, ver la luz en la provincia: San Jorge, en Uspallata, Las Heras, el cual también abarca la estancia Yalguaraz y el arroyo El Tigre, con cuencas cerradas, según explican los especialistas ante los cuestionamientos de posible contaminación del agua. Este emprendimiento minero consiste en la explotación a gran escala de cobre.

 Tras las idas y venidas oficiales, la canadiense Coro Mining decidió venderla a un grupo ruso que presiona ahora para poder desandar el camino, por lo que ya comenzó a trabajar en un nuevo informe de Impacto Ambiental, tras el rechazo del anterior, que será presentado en las próximas semanas, el cual tiene un costo cercano al millón de dólares y versa sobre dos puntos claves que podrían hacerlo viable, según pudo saber El Sol: se realiza bajo el proceso de flotación, de menor rendimiento que el cuestionado lixiviación, utilizando un producto químico, en principio permitido, el cual se usa en la industria para la producción de detergentes, denominado xantato; y por otro lado, se abandona toda participación de San Juan por lo que el emprendimiento será 100% provincial. En cuanto al pasivo ambiental, que sería un gran "relave" de roca estéril embebida en xantato, en caso de avanzar la ley, serán las direcciones de Minería y de Ambiente las encargadas de dar la aprobación final a la explotación, previa consulta con organismos técnicos y entidades competentes, como universidades.

"En todos los sentidos, hay una posibilidad real ahora de que el proyecto se reactive. Hay muchas reuniones que avanzan", comentó una fuente oficial, con estrecho contacto con las firmas.

 

Más allá de las decisión políticas que se han tomado al respecto a lo largo de los años, en todas las gestiones y en el sector empresarial, San Jorge siempre ha sido un proyecto considerado "punto de lanza" de la actividad. Por eso, por estas horas, empiezan a movilizarse puertas adentro de la compañía, y a destacar el impacto que puede traer a la provincia. Este diario accedió a documentos internos que se preparan junto al nuevo informe de Impacto Ambiental. Así, entre varios puntos, destacan varios aspectos económicos, en base a la actual realidad del país:

+ La inversión para la construcción del proyecto San Jorge supera los U$S 350 millones.

+ El emprendimiento minero tendrá una vida útil de 16 años.

 + Se crearán más de 3.900 empleos directos e indirectos durante el período máximo de construcción y más de 2.000 durante el período máximo de explotación.

 + El Valor Bruto del Proyecto (VBP) es de aproximadamente u$s 4.869 millones, de los cuales u$s 304 millones por año van para las arcas estatales. "Si analizamos el PBI de la provincia sólo el proyecto San Jorge importaría un aumento del 1,6% y en lo referente a las exportaciones este sólo emprendimiento engrosaría las mismas en un 22,76%", indican.

+ La provincia, al adherir al Acuerdo Federal Minero, dispuesto por Nación, podrá establecer un porcentaje no mayor al 1,5% de los ingresos brutos devengados por cada emprendimiento minero, con lo que deberá constituir Fondos Fiduciarios Públicos de Infraestructura, los cuales serán destinados a financiar obras de infraestructura, investigación, control ambiental, con la prohibición de ser destinados a gastos corrientes.

+ Aportaría regalías a Mendoza por un total de U$S 146 millones. Serían de U$S 9 millones de promedio anual. Durante los 16 años de explotación se generaría un fondo fiduciario para infraestructura por un total de U$S 73 millones, a un promedio anual de aportes de U$S 5 millones.

+ El proyecto San Jorge generaría durante sus 16 años de vida útil un total de U$S 847 millones en concepto de impuesto a las ganancias, que implicarían un total para la provincia de Mendoza de U$S 20 millones en el mismo lapso de tiempo.

+ El proyecto San Jorge deberá afrontar otra serie de tributos y cargas, por ejemplo impuestos a los combustibles (también coparticipable), cánones y tasas, aportes a la seguridad social, ingresos brutos, etc.

+ Considerando la etapa de construcción y los 16 años de operación del proyecto incrementará la población ocupada provincial en un 0,19%.

Asimismo, en la empresa detallan los "impactos positivos probables". Esto son:

+ Rentabilidad de la capacitación de Minera San Jorge S.A. a empleados de baja calificación. Esto generará mejor distribución de los ingresos en la Villa de Uspallata.

+ Desarrollo de proveedores en la zona de influencia del proyecto. Generará nuevas oportunidades laborales en la población residente en Alta Montaña.

+ Mejoramiento de infraestructura para la zona de Uspallata y su zona de influencia, valorizando las propiedades de sus habitantes.

+ Proyectos de generación de externalidades positivas en áreas pobladas cercanas al proyecto con los fondos aportados al Fondo Fiduciario de Infraestructura local. Mejorando la conectividad y los servicios de la zona de Uspallata, para sus habitantes y los turistas.

Por su parte, hay otros dos proyectos que también empiezan a calentar motores; ambos de Malargüe. Se trata de Hierro Indio, para la extracción de óxido de hierro, que debe volver a presentar el informe de Impacto Ambiental, y de Cerro Amarillo, que busca comenzar recién con las exploraciones de cobre.

En medio de este escenario, la semana que pasó el gobernador Alfredo Cornejo, echó un poco más de luz sobre la modificación de la legislación y de lo que se viene. "Una vez que se delibere y si hay una adecuada licencia social para la actividad y una adecuada licencia política se aprobará; sino, no. No es un proyecto que fomente el Ejecutivo pero tampoco se va a obstaculizar su tratamiento".

En tanto, los férreos detractores de la nueva movida dan su pronóstico: "Es un intento. Creo que van a intentarlo nuevamente. Llevan la delantera pero no la tienen segura. Sería un escándalo por la metodología en que lo lograrían. No hay licencia ni ahí". Todo está por verse, pero ya se abrió la primera puerta.

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