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ACTUALIDAD
GSP: Odebrecht no demandará al Perú
18/02/2019

Odebrecht presentó una solicitud para iniciar 'trato directo' hace dos años.

ENERNEWS/ Gestiòn

Jorge Ramírez, procurador para el caso Lava Jato, aseveró que es "falso" que exista una demanda vigente de la constructora contra el Estado peruano. 

Hace dos años, la constructora Odebrecht -a través de sus subsidiarias Odebrecht Latinvest S.A. y Odebrecht Latin Finance S.A.R.L- planteó una solicitud de demanda de arbitraje contra el Estado peruano invocando el tratado bilateral de inversión vigente entre el Perú y el Gran Ducado de Luxemburgo, lugar de constitución de ambas firmas subsidiarias.

La solicitud se sustentó en una presunta vulneración a las normas entre el inversionista y Estado, como el trato justo y equitativo, de igual protección y seguridad jurídica, en relación ala aplicación del D.U. N° 003-2017 que, a criterio de la constructora, habría afectado su inversión y ocasionaría una expropiación indirecta de sus ganancias; así como por la anulación del contrato del gasoducto del sur .

¿En qué estado se encuentra esta solicitud de demanda? De acuerdo a un informe del MEF, en respuesta a una consulta del procurador Jorge Ramírez,  pese a que se inició el trato directo -el 2017- Odebrecht no ha dado el siguiente paso que es la demanda arbitral pese a que ya está habilitado para hacerlo, con lo cual técnicamente no hay demanda vigente contra el Perú en sede internacional en relación al gasoducto sur peruano.

Esto lo reveló, en la víspera, el procurador para el caso Lava Jato. "Esa información es completamente falsa", acotó Jorge Ramírez al ser consultado por Radio Exitosa sobre las versiones que señalan que la constructora Odebrecht mantenía en la actualidad una demanda en contra del Estado peruano.

Antecedentes

Hace dos años, el entonces primer ministro Fernando Zavala, dijo ante la Comisión Lava Jato del Congreso, que la mayor prueba de que el Decreto de Urgencia 003-2017 (que buscaba garantizar la continuidad de los proyectos de infraestructura paralizados tras el escándalo de corrupción de Odebrecht) beneficiaba al Estado era la "denuncia" presentada por la constructora.

"Lo que busca el decreto de urgencia, que se dio en febrero inmediatamente después de habernos enterado del Caso Lava Jato, es proteger los intereses del Estado, no el de las empresas corruptas. Tanto es así que Odebrecht ha denunciado al Estado peruano por este decreto de urgencia, porque no está de acuerdo ”, dijo Zavala.

Zavala se refería al "trato directo" que solicitó -en ese entonces- dos subsidiarias de Odebrecht por un espacio de seis meses basado en el tratado bilateral de inversión vigente entre el Perú y el Gran Ducado de Luxemburgo.

Enagás y Graña y Montero

En tanto, continúa la demanda presentada por la empresa española Enagás contra el Estado peruano ante el Ciadi, en la cual se reclama la devolución de US$ 511 millones invertidos en el cancelado proyecto del Gaseoducto Sur Peruano (GSP) .

Para este proceso, que empezó el 2018, el Estado peruano contrató al estudio Arnold & Porter Kaye Scholer LLP para preparar su defensa. Esta contratación fue aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según una resolución publicada el lunes 22 de octubre del 2018.

Mientras que Graña y Montero inició formalmente -en diciembre del 2018- el procedimiento de trato directo con el Estado peruano a efectos de solucionar la controversia respecto a la deuda impaga que mantiene el Estado peruano con el gasoducto sur.

El concepto asociado a este acuerdo es por el valor contable neto de los bienes de la concesión del proyecto denominado “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” (“VCN”) que el Estado peruano debe pagar a GSP – en su calidad de concesionario del referido proyecto – en virtud a la cláusula 20 del contrato de concesión correspondiente.

La peruana informó que vio obligada a tomar esta determinación ante la inacción del resto de accionistas de GSP, de dicha empresa, y del Estado peruano durante casi dos años desde la terminación de la concesión.


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