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POLÍTICA Y AMBIENTE

Chile quiere endurecer las penas para los delitos ambientales

Cadena perpetua y multas de casi $ 1.000 mills. considera nuevo proyecto de delitos ambientales

MINING PRESS/ENERNEWS/La Tercera

La iniciativa presentada por una comisión de expertos, fue aprobada durante la semana pasada en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta y sanciona a funcionarios públicos, ejecutivos y directores. Se diferencia de la propuesta del gobierno, que planteaba penas máximas de 5 años y multas de hasta $48,5 millones.

Cadena perpetua, multas de hasta $971,9 millones, sanción a ejecutivos de primera línea y a funcionarios públicos, son algunas de las medidas del proyecto de delitos ambientales que presentó un comité de expertos a la Comisión de Medio Ambiente del Senado y cuya idea de legislar se aprobó durante la semana pasada en dicha instancia.

La propuesta -que fue elaborada por los expertos en temas ambientales Jean Pierre Matus, Marcelo Castillo, María Cecilia Ramírez, Rodrigo Guzmán y Jorge Cash- recoge en un refundido mociones que fueron realizadas por senadores y ex senadores y también algunos puntos que presentó el Gobierno en su proyecto de delitos ambientales en enero.

Sin embargo, respecto a esta última iniciativa registra diferencias sustanciales, toda vez que la propuesta del Ejecutivo considera, por ejemplo, multas máximas de $48,59 millones y penas de cárcel que llegan a los cinco años y un día por este tipo de delitos.

“Nos encontramos analizando en detalle la propuesta. Sin embargo, de forma preliminar indentificamos que no se hace cargo de la reparación del daño ambiental, aspecto fundamental del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo”, comentaron desde el Ministerio de Medio Ambiente, añadiendo que “en la Comisión de Medio Ambiente del Senado haremos las observaciones pertinentes”.

En esa línea, fuentes cercanas al Gobierno señalaron que una de las cosas que no habrían gustado en la cartera, tiene que ver con que la propuesta de los expertos se centra, a su parecer, sólo en multas, y no incluiría reparación ni modelos de prevención del delito de daño ambiental.

Asimismo, señalaron que existían diferencias con los ministerios del área económica, que verían efectos negativos en la inversión al aplicar este tipo de medidas, opinión que compartiría el mundo privado, que también observaría consecuencias en la contratación de ejecutivos.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, Guido Girardi, apuntó que el proyecto del Gobierno “fue absolutamente insuficiente a tal punto que fue cuestionado por la Corte Suprema y por todos los expertos que fueron invitados, que señalaron que era una iniciativa para que nunca existiera la persecución penal del daño ambiental en Chile”.

Por su lado, el miembro de la comisión de expertos y ex fiscal del Ministerio de Medio Ambiente, Jorge Cash, dijo que a su parecer lo más relevante, atendida la evaluación de desempeño ambiental de Chile hecha en 2016 ante la OCDE, tiene que ver con que “la discusión ya no será si se requiere una legislación penal ambiental. La discusión ahora será qué tipo de legislación penal ambiental es mejor para Chile”.

Por su lado, el ex subsecretario de Medio Ambiente y socio director de Moraga & Cía, Jorge Canals, coincidió con que el proyecto de delitos ambientales presentado por el Ejecutivo al Senado, “venía siendo profundamente criticado, recibiendo un duro golpe con el Informe de la Corte Suprema, que lo cuestionó especialmente en cuanto al rol de la Superintendencia de Medio Ambiente en el ejercicio de la acción penal”.

LA NUEVA INICIATIVA

Así, el proyecto de la comisión de expertos propone que al aplicarse la acción penal sea el Ministerio Público el que opere y no la SMA como lo apuntaba la iniciativa del Gobierno.

Por otro lado, no sólo sanciona al responsable del daño ambiental, sino que también a gerentes, directores y representantes legales, junto a todos quienes tengan o compartan facultades de administración.

En cuanto a las penas, propone que en caso de contaminación grave al medio ambiente exista presidio corporal desde 541 días a 3 años y un día y multas desde $4,58 millones a $ 242,9 millones.

Si además existe riesgo para la vida o salud de las personas, la pena va desde tres años y un día a cinco años y las multas, desde $ 242,8 millones a $ 340,1 millones.

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