La UE afronta el reto de acabar con los combustibles fósiles sin penalizar ni soliviantar a las clases populares

Una marea de estudiantes de secundaria tomo el centro de las principales ciudades a principios de año. En Bruselas, Berlín o Londres, miles de jóvenes salían a la calle para recordar a sus gobiernos que “no hay un planeta B” en el que refugiarse si no se revierten los efectos del cambio climático. Impulsadas por la figura de la sueca Greta Thunberg, las manifestaciones reclamaban a sus mandatarios que pisaran el acelerador para cumplir con el Acuerdo de París.

A principios de año, Bruselas, que se convirtió en la capital de ese movimiento, bullía con carteles coloridos y cánticos ingeniosos. Los domingos, esas mismas calles vivían una pequeña réplica de lo que en gran escala había estallado en París. Las manifestaciones de los chalecos amarillos, la mayor crisis con la que ha tenido que lidiar el presidente francés Emmanuel Macron, es la otra cara de la moneda de las medidas para combatir el cambio climático. El detonante del malestar social que subyacía en las clases medias y bajas francesas fue la subida de la tasa del diésel para incrementar la recaudación destinada a la transición ecológica y desincentivar el uso de fuentes de energía contaminantes.

El Acuerdo de París, alcanzado en diciembre de 2015, marca la primera fecha del calendario en la senda hacia el fin de la era de los combustibles fósiles. Desde entonces, el comisario para Acción Climática y Energía, Miguel Ángel Arias Cañete, ha tenido que ir cerrando todas las carpetas para que, sector a sector, se sellaran los compromisos necesarios para que las emisiones de dióxido de carbono en el bloque comunitario sean un 40% inferiores a los niveles de 1990.

Al final, logró atarlos todos. “La Unión Europea es la única gran economía del mundo que ha trasladado por completo a su legislación los pasos para cumplir con sus comprimisos del Acuerdo de París”, sostiene un portavoz del ejecutivo comunitario.

Entre otras medidas, la Comisión ha fijado recortes en las emisiones de dióxido de carbono para coches, furgonetas, camiones y autobuses, una cuota para las energías renovables, ha culpado al aceite de palma como causante de la deforestación —por lo que no se podrá usar para cumplir con los objetivos de descarbonización— y ha reformado el mercado europeo de derechos de emisiones.

Las ONG admiten el papel determinante de la Comisión Europea en la consecución de los acuerdos de París, así como al poner los cimientos para la transición ecológica hasta 2030. Sin embargo, también creen que podría haber sido más ambiciosa en sus planteamientos. “Las propuestas para reducir las emisiones de coches fueron demasiado tímidas. Y eso se vio más tarde, cuando tanto el Consejo como el Parlamento pusieron sobre la mesa objetivos más ambiciosos y se pasó de la rebaja del 30% que pedía la Comisión al 37,5% final”, recuerda Carlos Calvo, director de Análisis de la organización Transport & Environment.

Las discusiones en el seno del Consejo de la UE reflejan una clara frontera entre los países de Europa Occidental, liderados por los nórdicos, y el bloque del Este. Los primeros argumentan que no hay tiempo para dilaciones y recuerdan que Asia se está quedando con toda la industria verde. El llamado eje de Visegrado, en cambio, teme que el cambio lleve pérdidas de empleo y castigue a sus ciudadanos, con menor poder adquisitivo. En medio, Alemania mantiene una posición conservadora por la presión de su potente industria automovilística.

Hacia la descarbonización

El temor a que la transición a una Europa sin combustibles fósiles deje atrás a más ciudadanos no es una inquietud exclusiva del Este. Y de hecho, ha sido en Francia donde el conflicto ha acabado estallando con mayor intensidad. “La transición a una economía climáticamente neutra debe ser, y debe considerarse, justa. La UE debe garantizar que el apoyo financiero está disponible en las regiones más afectadas. Muchos gilets jaunes provienen de la ‘periferia’, más allá de París”, asegura el presidente ejecutivo de la oficina de Bruselas del Programa de Liderazgo Sostenible de la Universidad de Cambridge, Martin Porter.

Pero 2030 solo es la primera estación hasta el punto y final de los combustibles fósiles en Europa. Bruselas ha puesto fecha a la meta: 2050. Una coalición de organizaciones sociales y por el medio ambiente —entre ellas, la Red por la  hizo un llamamiento a los líderes europeos antes de la cumbre de Sibiu (Rumania) de la semana pasada para tomar “acciones decisivas” por la “emergencia” medioambiental. Los científicos asesores de Naciones Unidas, recordaron, advirtieron a los gobiernos que se necesita una transformación sin precedentes para limitar la subida de la temperatura global a 1,5 grados entre 2030 y 2052.

Sibiu no fue el momento. En la declaración final, los jefes de Estado y de gobierno se limitaron a una mención genérica a la lucha contra el cambio climático . Sin embargo, un grupo de ocho países, entre ellos España, en un documento conjunto llamaron a la UE a ponerse al frente de esa batalla. El documento, también suscrito por Holanda o Francia, fue sobre todo un envite a los gobiernos de cara a la próxima cumbre de junio: hay que actuar “ahora”. Y una declaración de intenciones de España, cuyo peso en las votaciones de los consejos es determinante. Este martes la canciller alemana, Angela Merkel, se sumó a ese objetivo, siempre que la propuesta sea “razonable”.