La Sala Plena negó la solicitud de Ecopetrol de sustituir la medida cautelar que impedía la realización del fracking en Colombia. No obstante, dijo que esta decisión no impide la realización de pilotos de investigación propuestos por comité de expertos convocado por el Gobierno

El Consejo de Estado negó la solicitud de Ecopetrol de sustituir la medida cautelar que impedía la realización del fracking en Colombia. Esto quiere decir que deja en firme la decisión de que, por el momento, no se permite la fracturación hidráulica para la obtención de hidrocarburos en el país. Sin embargo, el alto tribunal aseguró que esta decisión no impide que pilotos de investigación relacionados con esta práctica sean realizados en territorio nacional.

En un breve comunicado, la presidenta del Consejo de Estado, Lucy Jeanette Bermúdez, confirmó que se negó la solicitud hecha por la petrolera estatal para retirar una medida cautelar que impedía la realización de fracking en Colombia. Pero, al mismo tiempo, dijo que la determinación del alto tribunal “no impide la realización de proyectos piloto integrales de investigación (PPII), contenidos en el capítulo 14 del ‘Informe sobre efectos ambientales y económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas de posible despliegue de técnicas de fracturamiento hidráulico de roca generadora mediante perforación horizontal’”.

El Consejo de Estado le dijo no al fracking con fines comerciales, pero le abrió una puerta si está relacionado con la investigación científica. De esta forma, el alto tribunal acogió la recomendaciones hechas por el comité de expertos convocado por el Gobierno para estudiar la viabilidad del fracking en Colombia. Entre las sugerencias hechas en el informe, la comisión dice que el país debe poner en marcha “la implementación de uno o varios Proyectos Pilotos de Investigación Integral (PPII) que permitan generar conocimiento y evidencias para tomar decisiones sobre la producción comercial mediante esta técnica”.

La implementación de los PPII, de acuerdo con el capítulo citado por el Consejo de Estado, debe tener tres etapas. La primera etapa contempla “adelantar diversas actividades relacionados con temas sociales, técnicos e institucionales” relacionados con las posibles afectaciones hechas por el fracking. La siguiente etapa contemplada por la comisión es la realización de uno o varios pilotos de investigación en los que se revisen y gestionen “aspectos técnicos, sociales e institucionales". La tercera etapa, según la propuesta de la comisión, sería evaluar los resultados de los pilotos para así estudiar “la posibilidad de realizar proyectos de exploración y explotación comercial” por medio del fracking.

En ese último paso, la comisión incluyó un apartado en el que se debe hacer un análisis costo-beneficio que tenga en cuenta “las experiencias internacionales, las medidas adoptadas y las lecciones útiles para Colombia”. Así mismo, estableció un plazo de por lo menos dos años para que se den todas las condiciones como la capacidad institucional, la información que se tienen sobre hidrología y los ecosistemas posiblemente afectados por esta práctica, y la gestión de una “licencia social” para la explotación. Es decir, contar con el visto bueno de las poblaciones en donde los proyectos se fueran a realizar.

En noviembre del año pasado, el Consejo de Estado suspendió los actos administrativos que regulan el fracking en el país, ya que consideró que la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales puede acarrear afectaciones al medio ambiente y a la salud humana. En ese entonces, el magistrado Ramiro Pazos Guerrero concluyó que la autorización en el país para la aplicación del fracking puede acarrear una afectación grave al medio ambiente y a la salud humana.

Para esta decisión, el Consejo de Estado acogió las advertencias de la Contraloría que señaló, en 2012, el aumento de la sismicidad, la contaminación hídrica y la consecuente afectación de la salubridad presuntamente por la práctica del fracking. Incluso destacó que el riesgo podía ser más grave en zonas de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos como los páramos.

Hace una semana, el 10 de septiembre, el alto tribunal confirmó que todavía no se podía hacer fracking en el país. Sin embargo, solo hasta este martes, se clarificó la decisión tomada. En dicho momento, el gobierno no tomó con agrado la decisión debido a que, a su consideración, sin la extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica se puede afectar la seguridad energética del país. No obstante, con la salvedad hecha por el Consejo de Estado este martes, que permite la investigación científica relacionada con el fracking, se entreabre la puerta para que en un futuro no tan lejano esta práctica sea utilizada en el país para la obtención de petróleo y gas natural de forma comercial

Los sectores a subastar se encuentran en la costa Caribe, el centro, sur y oriente del país. Se espera que el próximo 3 de diciembre se suscriban los primeros contratos.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dio a conocer a más de 70 representantes de compañías extractivas las 59 áreas petroleras que se subastarán en la segunda puja del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA) de 2019.

Las áreas ofertadas están en la costa Caribe, el centro, sur y oriente del país y de acuerdo con la ANH “cinco bloques están ubicados costa afuera, y los restantes en zona continental, en cuencas altamente prospectivas del país”.

De las áreas a subastar, 27 fueron postuladas por empresas y las 32 restantes por la ANH. Nueve de las áreas presentadas por la Agencia corresponden a aquellos bloques que no fueron asignados en la primera subasta de 2019, y las otras 23 son nuevas. De esta última cifra, 13 tienen una “clara vocación de gas”, según la entidad.

“Sobre cada área ofrecida se presentó información clave sobre aspectos técnicos, sociales y ambientales, y en cada una de ellas se ha adelantado un Procedimiento de Coordinación y Concurrencia Nación-Territorio, mecanismo ordenado por la Corte Constitucional mediante sentencia SU-095 de 2018, para facilitar un relacionamiento claro e informado entre autoridades, comunidades y empresas operadoras”, indicó la Agencia Nacional de Hidrocarburos en un comunicado.

De acuerdo con el cronograma previsto por la ANH, el siguiente paso en la subasta es dar a conocer, el 21 de octubre, la lista definitiva de inversionistas habilitados para participar en la puja. El 31 de octubre se tiene contemplado adelantar la audiencia de depósito de propuestas. El 21 de noviembre se realizará la Audiencia de Depósito de Contraofertas. El 25 de noviembre, los proponentes iniciales que hayan recibido contraoferta, podrán ejercer su opción de mejora, y a partir del 3 de diciembre se hará la suscripción de contratos

"Esta segunda subasta está orientada a asegurar la autosuficiencia energética del país, elevar el nivel de reservas, generar recursos críticos para mantener el balance fiscal y cambiario, y solventar la creciente demanda de inversión social, especialmente la de las comunidades más remotas y vulnerables del territorio nacional", puntualizó la entidad.