JORGE LAPEÑA *

En el segundo semestre del año 2023 comienzan a vencer los contratos de Concesión para la explotación de Centrales Hidroeléctricas firmados a partir del año 1993 por el Estado Nacional en carácter de “concedente” con empresas privadas en carácter de “concesionarias”.

El Gobierno nacional ha demostrado incapacidad y pereza intelectual para resolver en forma adecuada y en tiempo un problema que es de alta complejidad técnica y legal. El presidente de la Nación no ha cumplido con sus deberes en el ejercicio de la jefatura del Estado que le es inherente a su alto cargo.

Dilapidar el tiempo sin justificación y querer recuperarlo faltando apenas dos meses para la finalización de los contratos es un hecho impropio teniendo en cuenta la trascendencia de la decisión que en forma tardía, inconsulta e inconveniente el gobierno en su etapa final pretende adoptar.

Es inconcebible que el gobierno de Alberto Fernández -sucesor político del gobierno que otorgó las concesiones en 1993- no haya todavía realizado los estudios y auditorias técnicas y legales sobre las centrales en cuestión. Esto permitiría adoptar una decisión bien fundada -consensuada con una mayoría política que exceda al oficialismo- que le otorgue la seguridad de su implementación por ley nacional.

Esta dilación irresponsable provocó que numerosas provincias -ante la falta de decisión nacional- hayan invocado -en forma infundada- su derecho a reclamar la propiedad de las centrales hidroeléctricas por el solo hecho de que se encuentran en territorio provincial y que los recursos naturales –en este caso el agua- son propiedad de las provincias (art.124 de la CN).

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* Ex Secretario de Energía, Presidente del IAE Mosconi